El profesor de Derecho Constitucional afirma que el futuro de las Islas depende de la riqueza y los recursos oceánicos
«En la reforma del Estatuto las tres fuerzas políticas están de acuerdo en que todos los espacios españoles de Canarias son canarios»
Fernando Ríos Rull, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna y secretario general de la Presidencia del Gobierno de Canarias, dijo este viernes que el control de las aguas archipelágicas por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias «nos permitirá algo que hasta ahora no se ha hecho: una estrategia canaria en el mar».
En la tercera y última jornada del seminario ‘Las aguas archipelágicas canarias y la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias’, organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en la sede de Presidencia del Gobierno regional en Santa Cruz de Tenerife, Ríos Rull consideró que sería «poco inteligente» no emprender esa estrategia teniendo en cuenta la enorme riqueza de los recursos oceánicos, especialmente en materia energética.
En su conferencia ‘La nueva definición territorial de Canarias en la reforma del Estatuto de Autonomía: las aguas archipelágicas’, Ríos Rull recordó que en la actualidad, y en el marco de la revisión de la primera norma regional, las tres fuerzas parlamentarias (CC, PP y PSC-PSOE) «están de acuerdo en que todos los espacios españoles de Canarias son canarios» o, lo que es lo mismo, que la Comunidad Autónoma, desde el punto de vista jurídico, tiene plena capacidad para asumir todas las competencias en materia de las aguas que la circundan.
El profesor señaló la incongruencia que supone para un territorio como el canario el hecho de que en los viajes marítimos interinsulares se atraviesen aguas canarias, españolas e internacionales, por lo que hizo énfasis en la necesidad de que las Cortes Generales aprueben la propuesta, incluida en la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que contempla una superficie ininterrupida de agua alrededor de todo el Archipiélago como parte del territorio canario. En este sentido, invocó en varias ocasiones la definición que el propio diccionario hace de la palabra «archipiélago» como un conjunto de islas agrupadas en una porción de mar.
La asunción de competencias en materia de aguas interinsulares permitiría a la Comunidad Autónoma tener el control de actividades como las ‘off-shore’ o la prospección petrolera, que actualmente recaen en el Estado. Se lograría, además, salir de una situación por la cual se equipara, en materia marítima, a las comunidades autónomas con los ayuntamientos, negándoles competencias a pesar de que, según Ríos Rull, «el Estado carece de un título competencial específico para los mares» y teniendo en cuenta que «los estatutos son hábiles para determinar su espacio marítimo y terrestre» sin que ello menoscabe la autoridad del Estado en esta materia.
A lo largo de su conferencia, el secretario de la Presidencia hizo un breve recorrido histórico en torno al asunto de las aguas canarias y recordó que si bien la cuestión debió haber quedado resuelta con la Constitución española de 1978 y la posterior aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias, lo cierto es que «siempre se ha tratado de forma anecdótica» y «por razones jurídicas y políticas no ha habido perspectiva» de llegar a una resolución hasta la actualidad, con el acuerdo de las tres fuerzas parlamentarias regionales en este aspecto concreto de la reforma del Estatuto de Autonomía. Este empeño por obtener el control de las aguas obedece, según Ríos, a «una razón de identidad», pues «las aguas nos separan pero también nos unen».
En cuanto a las implicaciones que la propuesta de delimitación tendría en el ámbito internacional, Ríos Rull señaló que la Convención del Mar sólo contempla el concepto de aguas archipelágicas en los «Estados archipelágicos», pero no hace ninguna prohibición específica para los «archipiélagos de Estado», como es el caso de Canarias. En cualquier caso, indicó que se ha adoptado una fórmula para evitar problemas que consiste en un simple cambio de denominación. De esta manera, las aguas interiores de Canarias pasarían a llamarse «aguas interinsulares», con lo que «se quita cualquier carga jurídica contra los tratados internacionales».
Mesa redonda
Tras la conferencia, el propio Ríos Rull moderó una mesa redonda en la que participaron Alfredo Belda Quintana, senador por la Comunidad Autónoma de Canarias; Eloy Ruiloba García, profesor titular de Derecho Internacional de la Universidad de Málaga; y José Javier Torres Lana, jefe de Servicio de Estudios y Documentación de Presidencia del Gobierno de Canarias. En la charla, todos coincidieron en que la reforma choca «contra la burocracia más que contra el Gobierno central». Igualmente, estuvieron de acuerdo en que el asunto de la mediana con Marruecos no entorpece las demandas canarias. Torres Lana, por su parte, consideró vital el control de las aguas circundantes porque «los principales problemas canarios están ahora en el mar».